Proteger al menor, comprender lo ocurrido y ayudarle a recuperarse

El maltrato infantil no se limita a la agresión física.

Puede adoptar distintas formas e incluir violencia física o psicológica, negligencia en los cuidados, exposición a violencia en el entorno familiar u otras situaciones que comprometan la seguridad, el bienestar o el desarrollo del menor.

Las consecuencias dependen de numerosos factores: la edad del niño, la naturaleza y duración de las experiencias, la relación con la persona responsable, su situación familiar, sus características individuales y, especialmente, la respuesta protectora que encuentre en su entorno.

Por ello, no todos los niños que han vivido situaciones de maltrato presentan las mismas dificultades ni necesitan el mismo tipo de intervención.

Pueden aparecer cambios bruscos de comportamiento o estado de ánimo, miedo o hipervigilancia, irritabilidad, agresividad, aislamiento, problemas de sueño, ansiedad, tristeza, dificultades escolares, conductas regresivas, problemas para confiar en otras personas o sentimientos persistentes de culpa o vergüenza.

Durante la adolescencia también pueden aparecer problemas de regulación emocional o determinados comportamientos de riesgo.

Sin embargo, estos cambios pueden tener muchas otras explicaciones. La presencia de uno o varios de ellos no demuestra que exista maltrato.

Más que buscar una supuesta lista de signos inequívocos, resulta importante observar cambios significativos, escuchar al menor y solicitar ayuda profesional cuando exista una preocupación fundada.

El abuso sexual comprende situaciones en las que un niño o adolescente es involucrado en actividades sexuales que no puede comprender plenamente, para las que no está en condiciones de prestar un consentimiento válido o que se producen mediante coacción, manipulación, engaño, abuso de poder o aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad.

No siempre implica violencia física ni contacto corporal.

La violencia sexual puede adoptar diferentes formas y algunas pueden producirse también mediante tecnologías digitales, por ejemplo a través de la solicitud o difusión de contenidos sexuales, determinadas interacciones online o situaciones de explotación.

No existe un comportamiento que permita identificar por sí solo que un menor ha sufrido abuso sexual.

Algunos niños y adolescentes pueden presentar miedo, ansiedad, pesadillas, evitación, irritabilidad, tristeza, problemas de concentración, aislamiento, culpa o vergüenza.

En determinados casos pueden aparecer cambios en el comportamiento sexual o conductas sexualizadas que no parecen adecuadas para la edad o el contexto.

Otros menores pueden no mostrar inicialmente cambios evidentes.

Por ello, ni la ausencia de síntomas permite descartar una situación de abuso ni la presencia de síntomas inespecíficos permite confirmarla.

La respuesta de los adultos puede tener una gran importancia.

Conviene escuchar con calma, tomar en serio lo que cuenta y transmitirle que ha hecho bien en hablar.

Es importante evitar culpabilizarle, mostrar incredulidad o reaccionar de una forma que pueda hacerle sentir responsable del impacto que está produciendo su relato.

También debemos transmitirle que la responsabilidad de lo sucedido nunca es suya y que los adultos van a ocuparse de ayudarle y protegerle.

No es necesario disponer inmediatamente de todos los detalles. En ese momento, proporcionar seguridad y buscar la ayuda adecuada es más importante que intentar reconstruir exactamente qué ocurrió.

Conviene evitar interrogar repetidamente al menor o pedirle que relate una y otra vez los detalles de lo ocurrido.

Tampoco es recomendable realizar preguntas sugestivas, proponer explicaciones o intentar obtener confirmaciones de aquello que el adulto sospecha.

La función de la familia no es investigar ni determinar exactamente qué ocurrió.

Cuando resulta necesaria una investigación o una exploración especializada, debe realizarse mediante los procedimientos y profesionales correspondientes.

Esto resulta especialmente importante para proteger al menor y evitar interferencias innecesarias en su recuerdo o en posteriores actuaciones de protección o judiciales.

La evaluación de un niño o adolescente que ha sufrido una experiencia de violencia requiere especial cuidado.

Valoramos las posibles consecuencias en áreas como ansiedad y miedo, síntomas relacionados con el trauma, estado de ánimo, sueño, regulación emocional, comportamiento, relaciones interpersonales, funcionamiento familiar y rendimiento escolar.

También tenemos en cuenta los recursos psicológicos del menor, las personas de apoyo de las que dispone y la existencia de adultos capaces de proporcionarle protección y estabilidad.

La evaluación se adapta a su edad y nivel de desarrollo y puede incluir entrevistas con los progenitores o cuidadores no implicados en la violencia, sesiones con el menor y cuestionarios u otros instrumentos cuando resulten necesarios.

Nuestra evaluación tiene una finalidad clínica: conocer cómo se encuentra el menor, qué consecuencias psicológicas presenta y qué atención puede necesitar.

No realizamos una investigación destinada a determinar mediante la psicoterapia si los hechos ocurrieron ni utilizamos los síntomas psicológicos como una supuesta «prueba» de abuso.

Del mismo modo, la psicoterapia no debe convertirse en un interrogatorio ni perseguir que el menor realice una determinada revelación.

Cuando es necesaria una evaluación pericial o forense de los hechos, su finalidad, metodología y profesionales responsables son diferentes de los de la evaluación psicológica clínica.

No todos los menores que han sufrido maltrato o abuso sexual necesitan exactamente el mismo tratamiento.

La intervención se establece a partir de las necesidades detectadas durante la evaluación y puede dirigirse a ayudar al menor a comprender sus reacciones, manejar emociones difíciles, reducir el miedo y la evitación, afrontar recuerdos traumáticos cuando resulte necesario, modificar sentimientos injustificados de culpa y recuperar actividades y relaciones que se hayan visto afectadas.

Cuando existen síntomas relacionados con el trauma pueden emplearse intervenciones psicológicas específicamente diseñadas y respaldadas por la evidencia para niños y adolescentes.

La intervención debe adaptarse a la edad y características del menor y respetar su proceso. No se trata de obligarle a hablar de lo sucedido antes de estar preparado ni de hacerle revivir innecesariamente la experiencia.

El objetivo es ayudarle a recuperar progresivamente seguridad, funcionamiento, autonomía y bienestar.

Contar con adultos que escuchan, creen, protegen y proporcionan estabilidad constituye un importante factor de protección.

Por eso, siempre que resulte adecuado y seguro, la intervención puede incluir también trabajo con los progenitores o cuidadores no implicados en el maltrato.

Podemos ayudarles a comprender las reacciones del menor, responder adecuadamente a sus preguntas, manejar sus propias preocupaciones y evitar respuestas que puedan aumentar la culpa, el miedo o la sensación de inseguridad.

También resulta importante recuperar progresivamente rutinas, relaciones y espacios cotidianos seguros, evitando que toda la vida familiar termine organizándose alrededor de lo sucedido.

Cuando existe una situación actual o indicios de maltrato o abuso sexual, la seguridad y protección del menor tienen prioridad sobre el tratamiento psicológico.

La intervención clínica no puede sustituir las actuaciones necesarias para detener una situación de violencia o proteger al niño o adolescente frente a nuevos episodios.

Además, la legislación española establece obligaciones específicas de comunicación ante indicios de violencia ejercida sobre menores, especialmente para aquellos profesionales que, por razón de su actividad, tienen encomendada su asistencia, cuidado o protección.

Por ello, en determinadas situaciones puede ser necesario activar los mecanismos de protección correspondientes.

Dependiendo de las circunstancias, puede ser necesaria la coordinación con servicios sanitarios, Servicios Sociales, centros educativos, entidades de protección a la infancia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fiscalía, órganos judiciales u otros profesionales.

Esta coordinación debe realizarse compartiendo únicamente la información necesaria y procurando proteger al menor.

También es importante evitar, en la medida de lo posible, que tenga que repetir innecesariamente su relato ante numerosas personas, especialmente cuando ya existen actuaciones especializadas destinadas a esclarecer lo sucedido.

La intervención psicológica forma parte, cuando es necesaria, de una respuesta más amplia cuyo objetivo fundamental es garantizar la seguridad y favorecer la recuperación del niño o adolescente.